Los procesos de descentralización política iniciados con la Constitución de 1978 han ido dejando, desgraciadamente, numerosos retos pendientes en la capacidad de autogestión de las Comunidades Autónomas, en la asunción de competencias propias, en la eliminación de la duplicidad de funciones y los excesos de la burocracia por parte de las distintas Administraciones Públicas, y en las interferencias y falta de coordinación para lograr una mayor eficacia y rentabilidad económica, social y ambiental en las actuaciones e inversiones realizadas. Unas limitaciones en la estrutura jurídica y territorial del Estado que han acabado haciéndose crónicas y, lo que es más grave, desapareciendo de las preocupaciones e iniciativas de instituciones y partidos –incluso de aquellos que se vienen proclamando como más renovadores– que, tal como venimos comprobando, a propósito de las últimas elecciones o debates de investidura, no han hecho mención alguna a las continuas distorsiones y perjuicios que viene provocando la gestión de las Confederaciones Hidrográficas y de la Demarcación de Costas cuya dependencia directa de la Administración Central a través del Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA) son una fuente continua de conflictos, despilfarros e impactos tal como podemos comprobar, por ejemplo, en Cantabria a poco que hagamos un balance de las últimas décadas en los ámbitos fluviales o marítimos donde ejercen sus competencias ( y donde, por otra parte, la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJC brilla por su ausencia y no ha intervenido nunca de oficio)
Y si empezáramos por lo que ha venido ocurriendo en nuestros ríos las conclusiones no pueden ser más desalentadoras: En primer lugar, porque los propios gobiernos autonómicos que hemos padecido, sean de la orientación que sean, se han olvidado de reivindicar y asumir las competencias plenas de gestión de los cursos fluviales que discurren íntegramente por el interior de Cantabria, tal como recogen las normas y disposiciones legales que se han ido promulgando con el desarrollo constitucional e independientemente de la definición más estricta en la corresponsabilidad y coordinación de las inversiones y la toma de decisiones en aquellos ríos que compartimos con las Comunidades autónomas vecinas: el Ebro, el Camesa, el Deva, y el Agüera.
En segundo lugar, porque el desconocimiento, el retraso, la ausencia de objetivos comunes –y, en ocasiones, enfrentados y contradictorios– y las confusiones competenciales han devaluado o vaciado de contenido el rigor de los Mapas de Riesgos, las fronteras en la delimitación del Dominio Público Hidraúlico y la prevención de inundaciones, la planificación urbana y la ordenación territorial, y la localización adecuada de los usos y actividades de carácter residencial, industrial, de servicios, infraestructuras viarias o de saneamiento, y equipamientos diversos.
En tercer lugar, porque haciendo caso omiso de su integración en el MAGRAMA la gestión de las Confederaciones han ignorado, de forma sistemática, las dimensiones ambientales de su política de encauzamientos salvajes, supresión de las estructuras meandriformes, relleno de los cauces fósiles y zonas húmedas adyacentes, eliminación –o reducción a una mínima y estrecha franja– de las formaciones de ribera y los bosques de galería –en vez de reforzar su densidad, anchura y continuidad–, olvido de los caudales ecológicos y de las reforestaciones en cabecera como garantía de la renovación de acuíferos y captaciones de agua …
Y en cuarto lugar, porque esta gestión está, en gran medida, en el origen del fracaso de la ambiciosa y obligada Red Natura 2000 y de los LIC,s de los programas comunitarios que han carecido de las medidas de protección de los ecosistemas fluviales con criterios de actuación integral y visión global de las cuencas hidrográficas en la consideración de corredores ecológicos y piezas fundamentales por su condición de ecotonos para la flora y la fauna silvestres terrestre, acuática y áerea; y por la función recreativa y de la calidad de vida que encierran sus paisajes y áreas de ocio y esparcimiento.
El relato de lo acontecido en nuestro litoral tampoco es, precisamente, optimista en la exclusividad y arbitrariedad con que viene actuando la Demarcación de Costas por acción u omisión en la tolerancia con las urbanizaciones ilegales –donde, por otra parte, se ha repetido la figura del “delito si delincuente” y sin que se haya depurado responsabilidad alguna de las instituciones, politicos, técnicos o funcionarios que las permitieron o ampararon–; en los despilfarros en obras de infraestructura inútiles –la macrodepuradora de la Vuelta Ostrera, las variantes de Oyambre y Comillas, la senda litoral de Cabo Mayor, la playa de Luaña o el Puntal de Laredo, las que se pretenden en el Molino de Bolao…–; en el empeño en los puertos deportivos ejecutados o proyectados –Laredo, Suances, San Vicente….– al margen de su rentabilidad o repercusiones ambientales en los Parques Naturales en que se insertan; en la construcción de los espigones de la Magdalena en Santander olvidando que los movimientos de arena, la reducción de la superficie de las playas y la pérdida de calado de la bocana de entrada al puerto tiene su origen en la alteración de los flujos y los prismas intermareales que ha supuesto el relleno y desecación de las marismas y zonas húmedas del interior de la bahía en torno a Raos, Camargo, El Astillero y Pontejos o las rías del Carmen, Solía, Tijero o Cubas; en la permisividad y descontrol con el arranque de los campos de algas en perjuicio de la recogida de las algas de arribazón: o en la ausencia de una estrategia combinada con el Gobierno autonómico y los Ayuntamientos para prevenir los efectos del cambio climático, la subida del nivel del mar, y la acción de los temporales, mediante el retranqueamiento general de infraestructuras y asentamientos o el reforzamiento de los sistemas de amortiguación que supondría la regeneración de las marismas y zonas húmedas litorales en las desembocaduras de los ríos o en torno a bahías y estuarios.
Y todo ello, rematado con su resistencia a exigir el cumplimiento de las sentencias como la que, recientemente, anula la variante de Oyambre y obliga a reponer la marisma de Los Llaos a su estado original con la posibilidad de extender o completar la regeneración ambiental a La Rabia, Zapedo, Bederna, Merón, Rubín, Pombo, Tina Menor y Tinamayor, incluyendo las colas y confluencias con ríos y arroyos o las zonas húmedas laterales; o las que llevan ya varios años paralizadas en su ejecución como ocurre con el Polideportivo de San Vicente, la escollera del Pájaro Amarillo, el camping del Rosal, diversos sistema dunares por toda la costa de Cantabria, las marismas de Requejada, Santoña y Joyel, Ajo, Oriñón…, mientras, sorprendentemente, se aferra a una supuesta legalidad en la rígida interpretación de la Ley de Costas ignorando los importantes beneficios sociolaborales de la puesta en marcha de la actividad de la granja marina de Tinamenor que pretende reiniciar una empresa con una trayectoria ejemplar en las exigencias ambientales que el MAGRAMA y la propia Demarcación de Cantabria no han sido capaces de requerir en las numerosas agresiones e impactos muchísimo más graves e irreversibles que se han venido tolerando por todo el litoral cántabro y español.
Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción.DNI 13883918-Z. Apartado 37. 39500-Cabezón de la Sal. Tlf. 942-701029. Móvil 699-116741.
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