Petición de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

La Plataforma y Marea Azul han lanzado un crowdfunding para financiar la reedición actualizada del libro editado en 2014 denominado Más claro AGUA: el plan de saqueo del Canal de Isabel II, en el que se analiza la trama urdida por el Partido Popular para expoliar los fondos de esta empresa que ha sido pública durante más de 160 años. En este libro se analiza cómo se gestó la sociedad anónima para especular con el patrimonio del Canal y anular la rendición de cuentas a las instituciones (Asamblea de Madrid, en este caso), todo ello con la excusa de atraer capital privado.
La campaña de crowdfunding que se ha puesto en marcha para actualizar la primera edición incorporando toda la información que ha salido a la luz a raíz como resultado de la operación Lezo en la que se pone en evidencia la corrupción asociada al modelo de gestión instituido en la sociedad anónima Canal Gestión. 
En este sentido, no solo se busca la financiación, sino también la complicidad para dar a conocer el libro y la información que contiene.
 La participación  en el crowdfunding se puede hacer a través del siguiente enlace de Goteo:
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Alegaciones contra Renovación explotación de Garoña

Se adjunta el documento (ver enlace más abajo) de alegaciones de la Asociación Centaurea en el trámite de audiencia que nos ha sido conferido por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) en relación con el procedimiento “Renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña”. Ref.: CN-SMG/AM/20170710.
 

Más asesinatos de defensores del medio ambiente

Cada semana muere por causas violentas una media de cuatro ecologistas, guardas forestales y dirigentes indígenas.

El año pasado fue el más peligroso de la historia para las personas que defienden las tierras de su comunidad, los recursos naturales y la fauna; las últimas investigaciones revelan que cada semana mueren asesinados casi cuatro defensores del medio ambiente en todo el mundo.

“No son incidentes aislados. Son síntomas de un ataque sistemático de empresas y agentes estatales contra las comunidades indígenas y remotas”.

En 2016 murieron 200 ecologistas, guardas forestales y dirigentes indígenas que intentaban defender sus tierras, según el grupo de vigilancia Global Witness, más del doble de los asesinados hace cinco años.

Además, las muertes son cada vez más frecuentes a medida que avanza 2017 según los datos proporcionados en exclusiva a The Guardian; en los cinco primeros meses del año se han confirmado 98 asesinatos.

John Knox, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, dice: “Se desprecian los derechos humanos y, al mismo tiempo, se extiende una cultura de la impunidad”.

“Existe un incentivo insuperable para destruir el medio ambiente por motivos económicos. Los que corren más peligro son los que ya viven marginados y excluidos de la política y los mecanismos legales de compensación, que dependen del medio ambiente. Los países no respetan el principio de legalidad. Los defensores se están viendo amenazados en todo el mundo”.

Dados los grandes intereses económicos en juego, no es extraño que las fuerzas de seguridad de arios Estados fueran responsables de un mínimo de 43 asesinatos en todo el mundo —33 a manos de la policía y 10 a manos del ejército—, mientras que los agentes privados, como los guardias de seguridad de las empresas y los asesinos a sueldo, mataron a 52 activistas.

El informe de Global Witness sobre 2016 destaca también que se están reprimiendo las protestas medioambientales en todas partes —hasta en los países más ricos—, y menciona el caso de la campaña de Standing Rock contra la construcción de un oleoducto bajo el Lago Oahe, en Estados Unidos, para explicar que los miembros de la Asamblea de Dakota del Norte rechazaron por muy estrecho margen un proyecto de ley que habría permitido que los conductores atropellaran y mataran a los manifestantes sin sufrir penas de cárcel por ello.

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Los naufragos del mar de plástico. Del blog de Gustavo Duch

…Tras más de ocho horas de tutorar tomates o recoger pepinos, calabacines y berenjenas, reciben 20 euros.

Esta realidad la narra el documental ‘Los náufragos del mar de plástico’de Gilles Gasser y Jean-Marie Barrère, con testimonios e imágenes rodadas en Almería, la huerta de la Europa de las vallas, un océano de 30.000 hectáreas de plástico visible desde el espacio y donde a diario también se ahogan muchas personas.

Algunas similitudes podemos encontrar con las reivindicaciones que estos días de recogida de fruta volvemos a escuchar, como ya sucede durante demasiados años, en boca de las y los temporeros en Lleida que algún día llegaron de Marruecos, Gambia o Mali. También hablan de contratos que no existen, de salarios ilegales por debajo del convenio y por debajo de los mínimos para vivir, y de estar en torres abandonadas, granjas o en la calle, o no poder ni lavarse en las fuentes del pueblo porque les cortan el agua.

Sin justificar al sector agrario de Almería o Lleida que permite y solidifica esta situación, ni desde luego la falta de voluntad política de las administraciones respectivas, mucho tiene que ver en todo esto el poder de las grandes superficies de la distribución alimentaria. Al concentrarse el poder de este eslabón de la cadena alimentaria en muy pocas manos –en Catalunya, los 10 primeros operadores comerciales concentran el 77,4% del total de la oferta comercial, destacando los grupos Carrefour+Dia (20,4%),Mercadona (14,7%) y Caprabo-Eroski(12,21%)–, y sin regulaciones que lo impidan, se permiten decidir a su conveniencia el precio a pagar a quien produce los alimentos y el que cobrar a quienes los consumimos.

El mes pasado, mientras a sus proveedores les pagaban 0,20 euros el kilo de berenjenas, 0,12 el de calabacines o 0,19 el de pepinos, vendían estos productos en sus estanterías a 1,75, 1,55 y 1,86 euros, respectivamente. Es decir, entre nueve y doce veces más caro. Un actor invisible pero protagonista de este documental.

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La Audiencia tumba el proyecto de embalse de Biscarrues

Más de 30 años luchando en contra del proyecto de embalse de Biscarrues, a los pies de los Mallos de Riglos, en Aragón, río Gállego. Tres pueblos que no tienen más de 500 vecinos entre todos. Un gran logro para ellos y para todos.

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La Audiencia Nacional ha anulado el proyecto de construcción del embalse de Biscarrués, en el río Gállego (Huesca), porque la obra afectaría “significativamente la ecología del río” y no cuenta con los estudios medioambientales y de interés público pertinentes.

Manifestación en contra de la construcción del embalse. - ARCHIVO

En dos sentencias, recurribles ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso estima los recursos contra el embalse de tres municipios afectados (Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego) y cinco asociaciones ecologistas, que denunciaban una obra destinada a aumentar el regadío del Alto Aragón y que habría inundado parte de los tres términos municipales y anegaría el río Gállego.

 El tribunal considera que con esta obra se vulnera la directiva europea del agua aprobada en el año 2000 y concluye que no tiene “estudios sobre el impacto en las masas de agua afectadas por el embalse” ni existen las “evaluaciones necesarias” acerca de “la declaración de impacto medioambiental”.

El proyecto, que afecta a espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 y a especies protegidas, está presupuestado en unos 100 millones de euros y fue aprobado por la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente el 14 de febrero de 2012 en una resolución que ahora anula la Audiencia Nacional.