El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre EE.UU y la U.E. (TTIP) es un tratado de Libre Comercio que las Corporaciones Transnacionales y las elites políticas y financieras de E.U y U.E pretenden imponer con el propósito de crear la mayor área de comercio y de inversión del planeta.
El objetivo es instaurar la hegemonía económica y política de las corporaciones mediante el control de los recursos, de la producción de bienes y de la gestión de los servicios en todos los sectores de actividad.
Las negociaciones comenzaron en junio de 2013 a espaldas de la ciudadanía y en un total oscurantismo. De las 130 conversaciones previas realizadas antes del inicio de las negociaciones, el 93% de ellas se realizaron con Corporaciones.
La firma del tratado implicaría la eliminación de los derechos civiles, laborales, de protección de datos, normativas de protección ambiental y de seguridad alimentaria y derechos de l@s consumidor@s.
Implicaría el desmantelamiento y privatización de todos los servicios públicos: sanidad, educación, pensiones, Administraciones públicas, agua, transporte, gestión de residuos,… y la eliminación de los controles sobre el capital y la liberalización de los servicios financieros.
Implicaría la perdida de millones de puestos de trabajo como consecuencia de la “restructuración empresarial e industrial” que eliminaría miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) incapaces de competir con las grandes corporaciones estadunidenses. No olvidemos que el tejido empresarial europeo está constituido en un 99% por pequeñas y medianas empresas. El tratado aumentaría el paro, la precariedad, el deterioro en las condiciones laborales, la reducción de salarios y los empleos en condiciones de esclavitud.
Por otro lado el tratado pretende garantizar que la compra pública (los contratos de compra y de servicios de las AA.PP) quede abierta a la competición global, lo que eliminaría los contratos con las pequeñas empresas locales.
Lo que las corporaciones Estadunidenses pretenden hacer en los países periféricos de la U.E (España, Portugal, Grecia…) es exactamente lo mismo que hicieron en Méjico cuando firmaron en 1994 el tratado de Libre Comercio (NAFTA) con este país: lo inundaron de sus productos y servicios baratos y de pésima calidad. Las pequeñas y medianas empresas Mejicanas no pudieron soportar tal competencia y fueron eliminadas del mercado junto con sus miles de puestos de trabajo. L@s trabajador@s Mejican@s perdieron sus medios de vida tradicionales y no tuvieron más opción que trabajar en condiciones de esclavitud en las maquilas (fabricas de las corporaciones de EE.UU).
Durante todos esos años 60.000 fábricas en EE.UU cerraron o fueron deslocalizadas a Méjico, donde resultaba mucho más barato producir. Un millón de Estadunidenses perdieron sus trabajos y sufrieron drásticas reducciones en sus salarios. Sus condiciones de vida se vieron deterioradas profundizando más aun las diferencias entre clases y entre Estados. Aunque el flujo comercial se múltiplo por 3 y las corporaciones obtuvieron ingentes beneficios jamás se materializo la promesa de crear 20 millones de empleos.
Perdieron l@s trabajador@s Mejican@s y l@s trabajador@s Estadunidenses. Las corporaciones sin embargo se embolsaron miles de millones de dólares como consecuencia de la firma de este tratado.
Y esto es exactamente lo que sucederá si el TTIP llegara a firmarse.
Estos son los puestos de trabajo de nueva creación que el gobierno nos promete con la firma. Estas son las condiciones laborales que nos auguran: condiciones de esclavitud, sin posibilidad de negociar nuestros salarios o ir a la huelga. Abocad@s a vidas sin futuro; obligad@s sin opciones a alimentarnos de los productos envenenados con tóxicos y transgénicos importados de EE.UU; sin ninguna legislación en seguridad alimentaria que nos proteja. Sin acceso a los servicios públicos de calidad que hemos pagado con nuestros impuestos nos veremos obligad@s a costear una sanidad, una educación, unas pensiones… privatizadas, caras y de pésima calidad.
Nuestros salarios de hambre no nos alcanzaran para llevar una vida digna y tendremos que endeudarnos con los bancos; una deuda que nos esclavizara y proporcionara aún más beneficios a los bancos.
Esta es la vida que nos prometen l@s politic@s y tecnócratas a sueldo de las multinacionales.
Para garantizar que todo quede en manos de las corporaciones el tratado introduce un mecanismo de Solución de Controversia Inversos- Estado (ISDS) que permite a las corporaciones (inversores) demandar y reclamar indemnizaciones millonarias a aquellos países cuyas legislaciones reduzcan u obstaculicen sus oportunidades de lucro y sus beneficios económicos. Estas demandas judiciales se realizan ante Tribunales de Arbitraje privados y antidemocráticos que se sitúan por encima de cualquier órgano judicial nacional o comunitario. Esto significa que los estados pierden su soberanía legislativa y judicial quedando sometidos a los intereses corporativos. La ISDS garantiza la protección legal de las corporaciones por encima de los Estados y la ciudadanía.
Por último se crea el Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántica que es un marco legislativo antidemocrático cuya función es “armonizar” y lograr la “convergencia regulatoria”, es decir, equiparar las normativas y legislaciones entre EE.UU y la U.E a la baja.
La legislación y normativa europea en materia laboral, ambiental, civil, en seguridad alimentaria y derechos de l@s consumidor@s tiene estándares mucho más elevados que la de EE.UU. esta “armonización” significaría que l@s europe@s perderíamos todas estas legislaciones que nos protegen como ciudadanía y consumidor@s.
El TTIP es un proyecto promovido por las grandes corporaciones, la Banca y las elites políticas pagadas por éstos, y cuyo propósito es el control de los recursos, de la producción y de la gestión de los servicios en todos los sectores. Esto solo es posible abocando a la ciudadanía a condiciones de esclavitud, eliminando los derechos civiles, laborales, derechos de l@s consumidor@s, de seguridad alimentaria y de protección ambiental y creando una estructura legislativa y judicial que someta la Soberanía de los Estados a los intereses corporativos.
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