Defiende el Mar Menor 6 de mayo en Murcia

Seguimos luchando por el Mar Menor

Después de un tiempo de silencio, es hora de volver a sacar el tema. El Mar Menor no ha mejorado en absoluto, esa es la realidad. Es cierto que la apariencia en Semana Santa no era mala, pero se debió a las condiciones climatológicas de calma, que permitieron un agua más transparente. La turbidez sigue siendo muy importante y la mayoría de los animales, plantas y algas han muerto ya… Pero pensemos que no está todo perdido y sigamos intentando que esta situación mejore.
Os mando la convocatoria de la manifestación «Mar Menor vivo», que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en la Plaza Circular, Murcia.
Durante los últimos meses, el Mar Menor ha sido noticia regional casi diariamente, no dejemos que se olvide e intentemos que sea una noticia nacional, porque los usuarios de la laguna provienen de todos los puntos de la península y del extranjero.

WWF salva en el Tribunal Supremo la marisma de Las Aletas en Cádiz

Diez años de lucha en los tribunales han dado sus frutos. El Tribunal Supremo ha dado la razón a WWF y ha tumbado el plan del Gobierno y la Junta de Andalucía para construir un polígono industrial en la marisma de Las Aletas (Cádiz), preservando así un patrimonio ecológico de toda la sociedad. Es la segunda vez, tras 2009, que el Tribunal Supremo anula a instancias de WWF este proyecto que hubiese destruido de forma irreversible esta franja costera de alto valor ecológico. WWF celebra esta victoria y pide al Gobierno central y la Junta de Andalucía que renuncien definitivamente al polígono de Las Aletas, un ejemplo de los proyectos faraónicos del pasado que han endeudado a nuestra sociedad a costa de destruir la naturaleza.

La sentencia del Alto Tribunal tumba el acuerdo del Consejo de Ministros de febrero de 2015, con el que el Gobierno intentaba sortear otro revés judicial del año 2009 –en el que el Supremo también dio la razón a WWF- para destruir la marisma de Las Aletas y construir un gran polígono industrial en esta zona de la Bahía de Cádiz.

La sentencia del Tribunal Supremo es muy clara: el dominio público marítimo-terrestre sólo puede ocuparse por actividades que no puedan ubicarse en otro lugar, como un puerto, y no por razones de interés o conveniencia como en el caso de las instalaciones industriales, logísticas y empresariales de Las Aletas. 

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Las Confederaciones Hidrográficas y la Demarcación de Costas en Cantabria

   Los procesos de descentralización política iniciados con la Constitución de 1978 han ido dejando, desgraciadamente, numerosos retos pendientes en la capacidad de autogestión de las Comunidades Autónomas, en la asunción de competencias propias, en la eliminación de la duplicidad de funciones y los excesos de la burocracia por parte de las distintas Administraciones Públicas, y en las interferencias y falta de coordinación para lograr una mayor eficacia y rentabilidad económica, social y ambiental en las actuaciones e inversiones realizadas. Unas limitaciones en la estrutura jurídica y territorial del Estado que han acabado haciéndose crónicas y, lo que es más grave, desapareciendo de las preocupaciones e iniciativas de instituciones y partidos –incluso de aquellos que se vienen proclamando como más renovadores– que, tal como venimos comprobando, a propósito de las últimas elecciones o debates de investidura, no han hecho mención alguna a las continuas distorsiones y perjuicios que viene provocando la gestión de las Confederaciones Hidrográficas y de la Demarcación de Costas cuya dependencia directa de la Administración Central a través del  Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA) son una fuente continua de conflictos, despilfarros e impactos tal como podemos comprobar, por ejemplo, en Cantabria a poco que hagamos un balance  de las últimas décadas en los ámbitos fluviales o marítimos donde ejercen sus competencias ( y  donde, por otra parte, la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJC brilla por su ausencia y  no ha intervenido nunca de oficio)
  Y si empezáramos por lo que ha venido ocurriendo en nuestros ríos las conclusiones no pueden ser más desalentadoras: En primer lugar, porque los propios gobiernos autonómicos que hemos padecido, sean de la orientación que sean, se han olvidado de reivindicar y asumir las competencias plenas de gestión de los cursos fluviales que discurren íntegramente por el interior de Cantabria, tal como recogen las normas y disposiciones legales que se han ido promulgando con el desarrollo constitucional e independientemente de la definición más estricta en la corresponsabilidad y coordinación de las inversiones y la toma de decisiones en aquellos ríos que compartimos con las Comunidades autónomas vecinas: el Ebro, el Camesa, el Deva, y el Agüera.
  En segundo lugar, porque el desconocimiento,  el retraso, la ausencia de objetivos comunes –y, en ocasiones, enfrentados y contradictorios– y las confusiones competenciales han devaluado o vaciado de contenido el rigor de los Mapas de Riesgos, las fronteras en la delimitación del Dominio Público Hidraúlico y la prevención de inundaciones, la planificación urbana y la ordenación territorial, y la localización adecuada de los usos y actividades de carácter residencial, industrial, de servicios, infraestructuras viarias o de saneamiento, y equipamientos diversos.
  En tercer lugar, porque haciendo caso omiso de su integración en el MAGRAMA la gestión de las Confederaciones han ignorado, de forma sistemática, las dimensiones ambientales de su política de encauzamientos salvajes, supresión de las estructuras meandriformes, relleno de los cauces fósiles y zonas húmedas adyacentes, eliminación –o reducción a una mínima y estrecha franja– de las formaciones de ribera y los bosques de galería –en vez de reforzar su densidad, anchura y continuidad–, olvido de los caudales ecológicos y de las reforestaciones en cabecera como garantía de la renovación de acuíferos y captaciones de agua …
  Y en cuarto lugar, porque esta gestión está, en gran medida, en el origen del fracaso de la ambiciosa y obligada Red Natura 2000 ­y de los LIC,s de los programas comunitarios que han carecido de las medidas de protección de los ecosistemas fluviales con criterios de actuación integral y visión global de las cuencas hidrográficas en la consideración de corredores ecológicos y piezas fundamentales por su condición de ecotonos para la flora y la fauna silvestres terrestre, acuática y áerea; y por la función recreativa y de la calidad de vida que encierran sus paisajes y áreas de ocio y esparcimiento.
   El relato de lo acontecido en nuestro litoral tampoco es, precisamente, optimista en la exclusividad y arbitrariedad con que viene actuando la Demarcación de Costas por acción u omisión en la tolerancia con las urbanizaciones ilegales –donde, por otra parte, se ha repetido la figura del “delito si delincuente” y sin que se haya depurado responsabilidad alguna de las instituciones, politicos, técnicos o funcionarios que las permitieron o ampararon–; en los despilfarros en obras de infraestructura inútiles –la macrodepuradora de la Vuelta Ostrera, las variantes de Oyambre y Comillas, la senda litoral de Cabo Mayor, la playa de Luaña o el Puntal de Laredo, las que se pretenden en el Molino de Bolao…–; en el empeño en los puertos deportivos ejecutados o proyectados –Laredo, Suances, San Vicente….– al margen de su rentabilidad o repercusiones ambientales en los Parques Naturales en que se insertan; en la construcción de los espigones de la Magdalena en Santander olvidando que los movimientos de arena, la reducción de la superficie de las  playas y la pérdida de calado de la bocana de entrada al puerto tiene su origen en la alteración de los flujos y los prismas intermareales que ha supuesto el relleno y desecación de las marismas y zonas húmedas del interior de la bahía en torno a Raos, Camargo, El Astillero y Pontejos o las rías del Carmen, Solía, Tijero o Cubas; en la permisividad y descontrol con el arranque de  los campos de algas en perjuicio de la recogida de las algas de arribazón: o en la ausencia de una estrategia combinada con el Gobierno autonómico y los Ayuntamientos para prevenir los efectos del cambio climático, la subida del nivel del mar, y la acción de los temporales, mediante el retranqueamiento general de infraestructuras y asentamientos o el reforzamiento de los sistemas de amortiguación que supondría la regeneración de las marismas y zonas húmedas litorales en las desembocaduras de los ríos  o en torno a bahías y estuarios.
   Y todo ello, rematado con su resistencia a exigir el cumplimiento de las sentencias como la que, recientemente,  anula la variante de Oyambre y obliga a reponer la marisma de Los Llaos a su estado original con la posibilidad de extender o completar la regeneración ambiental a La Rabia, Zapedo, Bederna, Merón, Rubín, Pombo, Tina Menor y Tinamayor, incluyendo las colas y confluencias con ríos y arroyos o las zonas húmedas laterales; o las que llevan ya varios años paralizadas en su ejecución como ocurre con el Polideportivo de San Vicente, la escollera del Pájaro Amarillo, el camping del Rosal, diversos sistema dunares por toda la costa de Cantabria, las marismas de Requejada, Santoña y Joyel, Ajo, Oriñón…, mientras, sorprendentemente, se aferra a una supuesta legalidad en la rígida interpretación de la Ley de Costas ignorando los importantes beneficios sociolaborales de la puesta en marcha de la actividad de la granja marina de Tinamenor que pretende reiniciar una empresa con una trayectoria ejemplar en las exigencias ambientales que el MAGRAMA y la propia Demarcación de Cantabria no han sido capaces de requerir en las numerosas agresiones e impactos muchísimo más graves e irreversibles que se han venido tolerando por todo el litoral cántabro y español.
  Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción.DNI 13883918-Z. Apartado 37. 39500-Cabezón de la Sal. Tlf. 942-701029. Móvil 699-116741.

Costas y cambio climático

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24/02/2016 / Cantabria
Activismo / Ecología / Medio Ambiente

Emilio Carrera /
Ecologistas en Acción-Cantabria.

En las últimas décadas los impactos de los temporales costeros y las inundaciones fluviales han venido causando cada vez mayores daños como resultado de la escasa conciencia de los desequilibrios de la intervención humana sobre el medio ambiente que se ha venido potenciando desde la Revolución Industrial hace dos siglos y medio. Unos impactos estrechamente ligados a los graves errores de la ordenación territorial y la planificación urbanística  –con un apartado específico de la especulación del suelo y la síntesis perversa entre la ignorancia científica y la corrupción política en las frecuentes apropiaciones de terrenos públicos mediante privatizaciones,  concesiones, ocupaciones o devaluación de sus funciones ambientales–  con la localización de usos y actividades impulsados por las infraestructuras, los equipamientos, los servicios y las funciones industriales o residenciales que se han venido consolidando en los espacios afectados y provocando, mucho antes de la acentuación del cambio climático, mayores riesgos para los bienes y personas en los bordes litorales o en las inmediaciones de los ríos, tanto en los núcleos urbanos como en las áreas rurales e incluso en aquellos otros lugares con un alto grado de naturalidad pero a donde han ido llegando, también, los efectos a medio o largo plazo de la acción del hombre y la artificialización extrema del territorio sobre el que se asienta, tal como podemos comprobar por la mayor parte de la geografía de Cantabria.

Por otro lado, las respuestas a estas situaciones han marginado, por sistema, las políticas de anticipación y las medidas de prevención al apostar por soluciones puramente ingenieriles, duras y costosas, sumamente agresivas con  los valores ambientales, la biodiversidad y el paisaje, y de escasa eficacia y consistencia, que han pretendido resolver los problemas de temporales e inundaciones con encauzamientos salvajes, dragados sistemáticos, diques, espigones, escolleras o movimientos de tierras y arenas con resultados muy negativos –y repetidas inversiones ante la sucesión de fracasos de las soluciones adoptadas– por los efectos «placebos» que persiguen al tratar de tranquilizar a las poblaciones afectadas o demostrar la celeridad de las respuestas de los poderes públicos ante los problemas que ellos mismos han ocasionado.

La necesidad de cambiar de estrategias para afrontar estos problemas se hace particularmente  urgente por la mayor frecuencia de estos fenómenos extremos que tienen su origen en la realidad del cambio climático por las emisiones de CO2 y los gases del efecto invernadero, la subida del nivel del mar y la concentración más intensa de lluvias torrenciales,  gotas frías y  ciclogénesis  explosivas o perfectas. Y deben cambiar, en primer lugar, con el cumplimiento de las leyes y directivas comunitarias que, timídamente, han intentando corregir mediante aproximaciones sectoriales –leyes del Suelo, Costas, Aguas, Montes, Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad, Impacto Ambiental…. o directivas y convenios sobre hábitats, Red Natura 2000 y LIC,s Fluviales y Litorales, Zonas Húmedas..– los graves errores cometidos o, lo que es peor, en algunos casos profundizando en ellos mediante contrarreformas o modificaciones regresivas u olvidando programas asociados tan relevantes como los LINDE sobre la Delimitación del Dominio Público Hidraúlico, el PRITCRA sobre la Rehabilitación Integral de Cauces y Riberas, o los que debían garantizar el respeto a la Franja Marítimo-Terrestre y los deslindes en el litoral.

Pero sin dejar de considerar las buenas intenciones de este tipo de iniciativas las carencias de una visión global e interdisciplinar en la estrategia a seguir se han puesto en evidencia con el aplazamiento reiterado de una Ley General de Medio Ambiente o de ese PROT  (Plan Regional de Ordenación del Territorio) en Cantabria  –que debería tener rango de ley– a quienes deberían subordinarse el resto de las normativas sobre infraestructuras, asentamientos, usos y actividades e inspirar los criterios ambientales y de restauración y conservación de los equilibrios dinámicos de los ecosistemas naturales terrestres, fluviales y marítimos más frágiles y sensibles que hayan sido alterados o puedan verse afectados. Y que deberían traducirse, entre otras iniciativas prioritarias, en la elaboración pormenorizada de un Mapa de Riesgos; en la unificación o coordinación de competencias sobre la gestión hidraúlica y costera entre las distintas Administraciones Públicas; en el retranqueo generalizado de aquellas infraestructuras, equipamientos o asentamientos expuestas al impacto de los temporales y las inundaciones; en la eliminación de los efectos-barrera mediante la apertura de mayores luces en puentes, diques, viales y sistemas de desague o conexión entre canales, arroyos, afluentes, cursos principales, rías y desembocaduras; en la recuperación y respeto las zonas húmedas adyacentes a los ríos –cauces fósiles, trazados meandriformes, llanuras de inundación, formaciones de ribera y bosques de galería…, fundamentales en la amortiguación de la fuerza de las crecidas en todas las cuencas de nuestra región– y a las costas –marismas, bahías, estuarios… desde Tina Mayor y Oyambre hasta Santander, Ajo o Laredo-Santoña y Oriñón– como garantía de la profundidad de los flujos intermareales que aliviara la presión de los temporales sobre los bordes exteriores del litoral y mantuviesen el calado de las bocanas de entrada a los puertos interiores –en vez de tener que recurrir a costosos y periódicos dragados–, además de reforzar su condición de reservas ecológicas con una alta productividad biológica y hábitat de numerosas especies amenazadas o que encuentran en esos lugares sus refugios de cría y reproducción las pesquerías que luego son objeto de captura comercial en mar abierta;  y en la protección estricta de los sistemas dunares, la geomorfología de los arenales y la biodiversidad asociada como uno de los soportes de la conservación de las playas.

Por último hay, también, que recordar las interacciones, sinergias y resiliencias –entre otras las que tienen que ver con la fijación de CO2 o las reservas de acuíferos– que encierran las relaciones a corto y largo plazo entre el interior de las tierras continentales y la costa a través, sobre todo, de las peligrosas transformaciones hidrológico-forestales que encierran la deforestación y las talas salvajes de los bosques –tanto de los propios de galería en los ecosistemas fluviales como los de especies caducifolias de la vertiente atlántica–, sustituidos con demasiada frecuencia por las plantaciones masivas e indiscriminadas de los monocultivos arbóreos de crecimiento rápido –pinos, eucaliptos, chopos….– que propician la apertura de numerosas pistas forestales, las talas a matarrasa, los movimientos de tierra en laderas de fuerte pendiente, la intensificación de la escorrentía superficial y la pérdida de esponjamiento del suelo con la disminución de la infiltración y la retención de las aguas superficiales,  la reducción de la biodiversidad y la incompatibilidad con otras actividades agroganaderas o recreativas, los efectos-pantalla y la devaluación de los paisajes y cuencas visuales, los procesos de erosión acelerada y la degradación de los horizontes edáficos más fértiles, el aumento de la velocidad de las corrientes y la mayor facilidad de los desbordamientos, la acumulación y colmatación excesivas de sedimentos y arrastres en los cursos medio y bajo de los ríos, y la ruina de los aprovechamientos tradicionales del marisqueo, como lo demuestra su reciente prohibición en la bahía de Santander en un intento inútil si no se actúa sobre las causas profundas de la progresiva extinción de los bivalbos en esos ámbitos donde confluye la deforestación histórica de la cuenca del Miera, los vertidos mineros, industriales y de aguas residuales de su entorno inmediato, los rellenos y desaparición de las marismas desde Raos, Cubas o Pedreña hasta Tejero, Solía o Morero…,

Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción-Cantabria.

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La desecación de la marisma del Pombo

El trabajo ganador de la XXII Edición del Premio Cabuérniga de Investigación sobre Culturas Rurales y Marineras, «Geografía histórica de la bahía de San Vicente de la Barquera. Un ensayo con la desecación de la marisma de Pombo», obra de Oscar Gutiérrez Franco, editado y publicado recientemente por la Revista Cantárida, organizadora y patrocinadora del Premio, supone una aportación fundamental tanto por el rigor de su análisis como por convertirse en una referencia imprescindible para extrapolar esta iniciativa al estudio más sistemático y generalizado de las zonas húmedas litorales, tanto en Cantabria como en el conjunto de España, y ayudar a comprender mejor las circunstancias –y añadiriámos, también, para enmendar los graves errores cometidos en su tratamiento– en que estas áreas esenciales para la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los equilibrios en los flujos intermareales, y la lucha contra los efectos negativos del cambio climático fueron objeto, por parte de las Administraciones Públicas y de muchas iniciativas privadas, de mútliples y variadas agresiones que, en muchos casos, acabaron haciéndolas desaparecer, reduciendo sustancialmente sus hábitats originales, artificializándolas en extremo, arruinando sus valores ecológicos o sustituyendo sus funciones ambientales por aprovechamientos económicos intensivos o construcción de infraestructuras sumamente perjudiciales para el papel que desempeñaban en las dinámicas litorales y la superviviencia de la fauna y la flora marinas o de las terrestres y aéreas vinculadas a ellas, de manera especial a las aves.

La oportunidad de la investigación se refuerza, aún más si cabe, por encontrarse en el Parque Natural de Oyambre que bien podría añadir el estímulo defínitivo para una experiencia-piloto ejemplar que superase los graves problemas de gestión que ha venido padeciendo con el inicio de un programa integral de rehabilitación y restauración de estos testimonios fundamentales del patrimonio Natural y Cultural que son las zonas húmedas litorales y, por extensión, de aquellos otros vinculados a los usos del agua y el contacto histórico –núcleos urbanos, muelles, embarcaderos, puentes, molinos, faros, carreteras, campings, instalaciones hoteleras o de acogida…–  de las actividades humanas con las bordes litorales.

En esa línea, el método interdisciplinar y la sintesis dialéctica en su aplicación al análisis del territorio objeto de estudio del trabajo realizado, deberia servir de inspiración para introducir los criterios más apropiados para corregir, dentro de lo posible o en las futuras actuaciones e intervenciones que vayan a acometerse, los negativos impactos producidos a lo largo de la historia en estos ecotonos o ecosistemas de frontera, particularmente frágiles y delicados respecto a los situados tierra o mar adentro; y donde la profundidad de sus horizontes, la continuidad de sus perspectivas, el carácter diáfano de sus cuencas visuales, la variedad y el contraste de sus paisajes y micropaisajes, la riqueza y productividad biológica, la facilidad de los asentamientos y desplazamientos, su vocación para el ocio o las actividades recreativas…., han sufrido numerosas distorsiones y degradado, en ocasiones de forma irreversible, la calidad y singularidad de  sus escenarios, las funciones que desempeñaban, y la rentabilidad económica, social y ambiental que les caracterizaba.

Por otro lado, la necesidad de elaborar urgentemente estrategias preventivas contra los efectos del cambio climático –y sus manifestaciones, cada vez más frecuentes de subida del nivel del mar, fuertes temporales y acción del oleaje, desaparición de playas, daños en las infraestructuras y asentamientos costeros…– e impregnar a las soluciones adoptadas de visiones a largo plazo que impliquen un retranqueo generalizado de todos aquellos usos y actividades que ya han empezado a verse afectados, debería incorporar una interpretación más ambiciosa y exigente de la Ley de Costas y del Plan de Ordenación del Litoral que  ampliase la delimitación de la franja marítimo-terrestre y una regeneración y recuperación de las marismas – que en el área que nos ocupa debería extenderse a las marismas de La Rabia, Zapedo, Los Llaos, Bederna, Merón, Rubín y Pombo– que han sido desecadas con rellenos, vertidos, plantaciones de monocultivos arbóreos de crecimiento rápido, diques o barreras, anulando o disminuyendo la función de colchón amortiguador de las grandes mareas, reduciendo el calado y las posibilidades de navegación en las rías y estuarios que les conectan con la mar abierta, y provocando una mayor presión y mayores daños sobre las playas, campos dunares, atraques, puertos e instalaciones diversas de los bordes costeros.

Emilio Carrera. Director de la Revista Cantárida. Organizadora y Patrocinadora del Premio Cabuérniga de Investigación sobre Culturas Rurales y Marineras.

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