Foro Mundial de Acceso a la Tierra. Valencia 2016

El Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales (FMAT 2016) sedesarrolló en Valencia, España, del 31 de marzo al 2 de abril, con el apoyo de más de 1200 organizaciones campesinas y de la sociedad civil, instituciones nacionales, internacionales, expertos y profesionales de más de 70 países. Ha reunido a más de 400 personas, venidas de todos los continentes, que han compartido libremente su testimonio en los distintos debates establecidos.

Lee aquí el Documento de Síntesis: Diagnóstico y Propuestas

Propuestas:

Ante esta situación, el FMAT-2016 afirma que en el acceso a la tierra y a los recursos naturales está la base de la soberanía alimentaria de los pueblos. Por ello llama:

1/ a parar los procesos de acaparamiento y de concentración de tenencia de la tierra allá donde se manifiesten en el mundo

2/ a restituir lo antes posible las tierras injustamente expoliadas a las poblaciones desplazadas y no compensadas en la medida del perjuicio sufrido

3/ a corregir las desigualdades de acceso a la tierra y a los recursos naturales (agua, recursos forestales y pastorales, espacios de pesca) relanzando políticas redistributivas y en particular la reforma agraria

4/ a reconocer el rol esencial de las mujeres, a garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones y a suprimir todas formas de desigualdad en el acceso a los recursos, de las que son víctimas demasiado a menudo

5/ a facilitar el acceso a la tierra y a los recursos naturales a los jóvenes para que puedan vivir de ellos dignamente, y a promover un diálogo entre generaciones con el fin de conciliar la transmisión de saberes locales y la autonomía de los jóvenes

6/ a establecer herramientas de regulación para desincentivar la concentración de la tenencia de la tierra: políticas fiscales, mecanismos de intervención en los mercados de tierras, de alquiler y de partes de capital

7/ a trabajar para que los gobiernos se comprometan a aplicar desde ya las Directrices voluntarias para una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, aplicable a las tierras, la pesca y a los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DV), y a promover la puesta en marcha de observatorios autónomos de la tenencia de la tierra

8/ a iniciar, desde ya, un proceso destinado a transformar estas directrices en compromisos obligatorios de los Estados y de las instituciones internacionales

9/ a desincentivar la constitución de unidades de producción muy grandes y especializadas, fuertemente mecanizadas, que requieren importantes cantidades de insumos de síntesis y de energía fósil, y que se basan en la explotación de la mano de obra asalariada

10/ a reubicar la agricultura familiar y campesina en el centro de las políticas públicas, a reconocer su eficacia, su capacidad de aumentar a producción de alimentos, de generar empleo y de reducir la pobreza, manteniendo los ecosistemas

11/ a garantizar que la tierra, disponible en cantidades limitadas, pueda tener la función social de producir de manera sostenible la mayor cantidad de alimentos y de riqueza por unidad de superficie

12/ a reorientar el conjunto de los apoyos públicos directos e indirectos hacia la agricultura familiar y campesina, y más especialmente hacia los sistemas de producción con enfoque agroecológico

13/ a promover políticas comerciales que permitan a los pequeños agricultores vivir dignamente de su trabajo

14/ a consultar a la ciudadanía sobre la oportunidad de aplicar tratados de libre comercio que podrían arruinar a los productores con menos dotaciones de tierras, recursos naturales y equipamientos; y de violar el derecho de los pueblos a asegurar su soberanía alimentaria

15/ a promover la gobernanza de los territorios por las poblaciones que viven en ellos (en particular los pueblos indígenas) permitiendo a las comunidades definir las reglas y derechos de uso de sus comunes, y de definir los modos de vida más conformes a sus elecciones técnicas, ecológicas, económicas y culturales

16/ a conseguir el cese inmediato de la represión que aún sufren demasiado a menudo las personas que luchan por un acceso más equitativo a la tierra y a los recursos naturales, y a apoyar, allá donde se manifiesten, los movimientos de campesinos y campesinas pobres, sin tierra, de los pescadores y pescadoras, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los jóvenes que luchan por sus derechos

17/ a seguir y unificar las luchas que se han expresado durante este foro

18/ a ampliar las alianzas ciudadanas, rurales y urbanas, y a organizar una amplia movilización de la sociedad civil, la única capaz de conseguir establecer mecanismos de gobernanza capaces de parar la concentración de los recursos por una minoría, así como los conflictos extremadamente graves que de ello se derivan

19/ a crear en el seno de las Naciones Unidas y de sus agencias especializadas una institución independiente, garante de los intereses de las generaciones futuras

20/ El FMAT solicita a las instituciones internacionales (FAO, CSA, ONU) que convoquen, como continuidad del CIRARD 2006 y del FMAT 2016, una conferencia mundial de gobiernos y de la sociedad civil sobre la cuestión del acceso a la tierra y a los recursos naturales.

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Informe Mundubat: Acaparamiento de Tierras en España (2016)

Estructura de la propiedad de tierras en España (Concentración y Acaparamiento)

Lee aquí el Informe completo en su fuente original

Campaña por una política de tierras justas y sostenible

Lee aquí toda la información

La tierra ha sido y es uno de los factores que más ha movilizado a los pueblos a lo largo de la historia. La lucha y resistencia de los campesinos y campesinas por la tierra sigue siendo una constante desde Honduras a Brasil, desde Filipinas a la India y desde Palestina hasta Mozambique, y es que la tierra no es un simple bien patrimonial, sino que representa una construcción social sobre la que las familias campesinas construyen un modelo de vida y un modo de ser y hacer en el mundo. Lejos de considerarlo como un reclamo propio de otros pueblos, esta demanda se hace presente también en las reivindicaciones de las organizaciones agrarias europeas y españolas, y es que en Europa, según datos de EUROESTAT de 2012, el 3% de los explotaciones agrarias controlan el 51% de la tierra mientras que el 81% de los pequeños agricultores y agricultoras poseen tan solo el 14,7% d la tierra agraria.

Esta realidad de concentración de la tierra en pocas manos aumenta, y así, en los últimos 10 años, los pequeños agricultores y agricultoras han perdido el control sobre el 17% de las tierras europeas. En España la agricultura familia ha pasado de controlar el 15% de la tierra, a tan solo el 7%. En los últimos 10 años han desaparecido 989.796 explotaciones agrarias, es decir, 82 explotaciones por día.

La falta de unas relaciones justas de intercambio en el seno de la cadena de valor, La competencia por los usos del suelo primando la explotación minera, energética, turística o inmobiliaria frente a la agricultura, la especulación ligada a la inversión sobre la tierra, el acaparamiento de tierra por parte de grandes agroindustrias, la amenaza constante de grandes infraestructuras de comunicación que no siempre responden a intereses generales, o la orientación productiva hacia los monocultivos son algunas de las amenazas que pesan sobre la agricultura familiar y social.

Pero no podemos olvidar que vivimos en un país donde la injusticia estructural sobre la propiedad de la tierra persiste desde tiempo inmemorial y es que 1.097 fincas, poseen el doble de tierra que las 503.082 explotaciones agrarias más pequeñas. Detrás de esta injusta distribución de la tierra hay nombres propios que siguen resonando como Juan Abelló que posee más de 58.000 Has de tierra, La Casa de Alba con más de 34.000 Has, Mora-Figueroa y Domecq con más de 25.000 Has, Jose María Aristraín con más de 28.000 Has, La Familia Botín con tierras que superan las 25.000 has. Todas estas propiedades permanecen ocultas bajo sociedades mercantiles y todas ellas reciben pingues ayudas de la PAC que llegan a suponer hasta los 2,9 millones de euros al año que recibe la Casa de Alba, y es que es evidente que la Política Agraria Común con su lógica, consolida la propiedad de la tierra adjudicándole una renta fija tan solo por ser propietario. Los datos hablan por sí mismos y revelan una situación radicalmente injusta que es necesario abordar.

Es necesario volver a situar la tierra dentro de la agenda política agraria. Necesitamos una política de tierras acorde con una nueva política agraria que favorezca y apoye un modelo productivo social y sostenible, que ponga en valor la tierra como bien común al servicio de la sociedad para producir alimentos saludables y hacerlo de manera sostenible. Las propuestas políticas son creativas e innovadoras y conectan con una parte de la sociedad rural y urbana que pretende que los pueblos sean espacios de vida para construir futuro. Proteger el suelo agrícola con figuras como los parques agrarios o las redes de custodia del territorio, poner en marcha una acción protectora sobre el patrimonio agrario público, desarrollar experiencias como bancos o fondos de tierra, revisar los tipos contractuales para que favorezcan al poseedor y no al propietario, aplicar una fiscalidad adecuada a la gran propiedad latifundista, reorientar las ayudas de la PAC hacia las pequeñas explotaciones y poner un límite máximo de ayudas que se puedan percibir, modular las ayudas con criterios sociales y ambientales… Es decir, hacer política sobre la tierra para poner el bien al servicio del pueblo.