Manifiesto alianza “Incineradora de Valdemingomez NO”

En el año 2020 vence el actual contrato, entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Urbaser, para la gestión de la planta de Las Lomas en Valdemingómez, donde se encuentra la Incineradora.

El Ayuntamiento está elaborando un plan de residuos para los próximos diez años. Ello en el marco de las obligaciones establecidas en la Unión Europea y la Comunidad de Madrid. Este es el momento de exigir la puesta en marcha de un plan de residuos que haga innecesaria la planta de incineración. En caso de mantenerse la incineradora podría suponer la renovación del contrato, por otros 25 años más.

La incineración de residuos, incluso cuando es para su valorización energética, supone el desperdicio de ingentes cantidades de materiales aprovechables. La incineradora el año 2015 quemó 258.605 Tm de residuos. De ellos aproximadamente un 32,6% era papel impreso, un 24,5% materia orgánica compostable1, un 16,7% materiales plásticos, un 5,8% materiales textiles y un 4,8% madera (datos del año 2006 contenidos en la solicitud de Autorización Ambiental Integrada concedida el 27 de agosto de 2008). Si se separan convenientemente en su proceso de recogida, estos materiales tienen otros aprovechamientos. La energía eléctrica producida no compensa la energía necesaria para producir los materiales destruidos.

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Industria porcina, antibióticos y residuos: Salud humana y medioambiental

A finales de marzo un informe de las organizaciones Food & Water Europe, Amigos de la Tierra, CECU y VSFJustica Alimentaria Global revelaba el impacto global de la industria agroalimentaria del porcino española. Entre las principales conclusiones del informe se encuentra la expansión incontrolada de esta industria, que ha convertido al porcino español en uno de los modelos más similares al de la ganadería industrial estadounidense. Esta tendencia ha provocado una profunda concentración del sector del porcino, con el cierre de 128.000 granjas entre 1999 y 2013. Pese a esta deriva, la industria del porcino no para de crecer y ya supone un 37% de la producción ganadera española. El 40% de la producción porcina va a la exportación, esto ha supuesto que España lidere el ranking de la Unión Europea y sea el tercer país mundial en exportación porcina solo por detrás de China y Estados Unidos.

En los últimos años, el miedo de agricultores y ganaderos españoles y europeos a tratados de libre comercio como el CETA o el TTIP ha generado en la memoria colectiva la idea de una industria alimentaria europea protegida de prácticas como el regado con glifosato, los cultivos genéticamente modificados o la utilización de hormonas y antibióticos en las carnes. No obstante, el informe señala a España como el país europeo que mayor cantidad de antibióticos utiliza en los animales consumiendo un tercio de todos los medicamentos para ganadería utilizados en el conjunto de la UE. Además, la mayor parte de la soja y el maíz utilizados para los piensos son transgénicos facilitados por Monsanto para la ganadería industrial. “Uno de los grandes interesados en que triunfe el CETA o el TTIP ha sido España, que se ha mantenido en silencio. Nuestro modelo alimentario es mucho más perverso que el sistema norteamericano y canadiense. Entre las grandes integradoras se encuentran Cargill y Monsanto, quienes actúan como franquicias suministrando a las macrogranjas el maíz y la soja transgénica para los piensos. En España se engorda al animal y se lo vuelven a llevar fuera”, explica el presidente de la organización Mensa Cívica.

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El Supremo condena al Gobierno por el recorte de las renovables

Algo olía mal en los recortes de las primas por producir energías renovables que acometió la pasada legislatura el Ministerio de Industria de José Manuel Soria: al final, la reducción en un 40% de esas ayudas para producir electricidad a partir de excrementos de ganado, que abocó al cierre a todo el sector y que acentuó el grave problema ambiental de la gestión de los purines, le ha costado al Gobierno de Mariano Rajoy la primera condena a indemnizar a una empresa, en este caso una filial oscense de Iberdrola, por haber frustrado su negocio.

La sentencia, emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y que hoy adelanta Público, incluye tres pronunciamientos clave: anula el recorte de las primas a las plantas de renovables no eólicas ni solares (gasóleo, purín, lodo de aceite y gas natural, básicamente) y le da al Gobierno cuatro meses para establecer un nuevo sistema; anula el ambiguo punto del decreto de las renovables que permitía a la Administración dar de baja a empresas por “cualquier otro incumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos” y, por último, reconoce a EnergyWorks Fonz el derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que le causó esa normativa.

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