Algo olía mal en los recortes de las primas por producir energías renovables que acometió la pasada legislatura el Ministerio de Industria de José Manuel Soria: al final, la reducción en un 40% de esas ayudas para producir electricidad a partir de excrementos de ganado, que abocó al cierre a todo el sector y que acentuó el grave problema ambiental de la gestión de los purines, le ha costado al Gobierno de Mariano Rajoy la primera condena a indemnizar a una empresa, en este caso una filial oscense de Iberdrola, por haber frustrado su negocio.
La sentencia, emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y que hoy adelanta Público, incluye tres pronunciamientos clave: anula el recorte de las primas a las plantas de renovables no eólicas ni solares (gasóleo, purín, lodo de aceite y gas natural, básicamente) y le da al Gobierno cuatro meses para establecer un nuevo sistema; anula el ambiguo punto del decreto de las renovables que permitía a la Administración dar de baja a empresas por “cualquier otro incumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos” y, por último, reconoce a EnergyWorks Fonz el derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que le causó esa normativa.