Garoña, la metamorfosis de una vieja cafetera nuclear

Gracias a las maniobras de un Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cada vez más vendido a los intereses de las grandes empresas eléctricas, la vieja cafetera nuclear que es la central atómica de Santa María de Garoña (Burgos) se ha convertido de facto en un activo financiero de primer orden.

Ya desde sus orígenes, surgido en 1980 de las cenizas de la entonces moribunda Junta de Energía Nuclear franquista, de la cual heredó todos sus vicios y defectos, el CSN ha sido un organismo volcado descaradamente en la defensa de los intereses económicos de los propietarios de las centrales nucleares. La seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente han quedado siempre en un segundo plano en la gestión del CSN. Su legendaria opacidad, obscurantismo y falta de transparencia hacia el público, ha sido objeto de numerosos editoriales y artículos a lo largo de sus más de 30 años de existencia.

Sonoros escándalos como el de la fuga de partículas radiactivas de Ascó en 2008, que la dirección de la central nuclear pudo ocultar durante meses gracias a la connivencia del CSN y que sólo pudo ser conocido por la opinión pública cuando Greenpeace lo destapó; o el de la degradación del sistema de aguas esenciales de la central nuclear de Vandellós-2, a la que el CSN permitió en 2004/2005 funcionar ocho meses sin las medidas preceptivas de seguridad hasta que, de nuevo, se dio a conocer públicamente por las denuncias de Greenpeace; son sólo algunos de los ejemplos más significativos de la actitud permisiva y condescendiente del CSN con los titulares de las instalaciones nucleares.

En una jugada magistral, una metamorfosis nuclear, en la que el CSN ha sido el cooperador necesario, el viejo cascajo de Garoña, más conocida como “la central de las mil y una grietas”, se ha convertido de repente en un activo financiero para sus dueños.

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Garoña, el negocio más redondo de las eléctricas

Los expertos ecologistas sostienen que la central nuclear es un “experimento político” del Ejecutivo de Rajoy para tratar de alargar la vida de las plantas hasta los sesenta años y favorecer así a las grandes compañías eléctricas que las gestionan

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La Defensora del Pueblo retoma la propuesta de Bono Social de QAE

La Oficina del Defensor del Pueblo ha notificado a la Plataforma Ciudadana QAE la reactivación de su propuesta en relación con el Bono Social, presentada en noviembre de 2014. Más vale tarde que nunca.

QAE presentó una queja ante la Defensora del Pueblo por la cual denunciaba la ausencia de garantías por parte del Gobierno, a la hora de beneficiarse de la reducción del precio de la luz establecido en un 25%. La Ley del Sector Eléctrico 24/2013, de 26 diciembre, establece que el Bono Social será considerado como una obligación de servicio público conforme a lo regulado en la Directiva Europea 2009/72/CE, la cual establece en sus considerandos que los reguladores de la Energía deben estar facultados para contribuir al aseguramiento como servicio público obligatorio la garantía de la protección a los consumidores vulnerables.

Acompañando a esta queja, QAE desarrolló en un informe las circunstancias por las cuales en España solamente el 13% de los Pensionistas que perciben la renta mínima (y con derecho a la bonificación del 25%) están beneficiándose del Bono Social. Algo verdaderamente lamentable si tenemos en cuenta que se trata de un colectivo totalmente vulnerable, superior a los 2,5 millones de personas, que perciben menos de 600 euros mensuales.

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