Que todos los propietarios de un edificio de viviendas pudieran obtener de paneles fotovoltaicos parte de la electricidad que consumen en el interior de sus pisos estaba prohibido hasta hace muy poco en España. El polémico Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, de Regulación del Autoconsumo Eléctrico, contrario a las recomendaciones de la Comunidad Europea, dice: «En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores». Esta restricción ha sido un muro de contención para la implantación de estas instalaciones y ha agudizado el insignificante interés que, hasta ahora, ha despertado la energía fotovoltaica entre los propietarios. En España solo se permitía el autoconsumo para elementos comunes — garaje, luz de las escaleras o ascensores—. También, que cada vecino tuviese su propia instalación individual en una zona común del edificio, como si fuera un chalé.
Pero el Tribunal Constitucional (TC) ha abierto una puerta que puede dar alas al autoconsumo eléctrico compartido en España, al derogar el artículo donde se prohíbe. La sentencia del 25 de mayo, en favor del recurso interpuesto por la Generalitat de Catalunya, «defiende la posibilidad de implantar instalaciones de autoconsumo en urbanizaciones y edificios de viviendas de las que se puedan beneficiar varios usuarios», explica José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), para quien la prohibición era un «sinsentido». La sentencia pone de relieve que estas instalaciones son un medio para implantar el edificio de consumo de energía casi nulo al que obliga la Unión Europea a partir de 2020.
Durante el último año hemos encaminado esta campaña hacia un Juicio Popular al Proyecto Castor que se celebrará el próximo 17 de junio en Barcelona, impulsado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización y la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia.
El tema también ha estado muy presente en los medios, porque se presentaba el informe del MIT que debía servir para tomar decisiones definitivas al respecto del desmantelamiento del proyecto, lo cuál parece que va a dilatarse (todavía) más.
Precisamente durante este último año han tenido lugar investigaciones en el caso del Castor en el Juzgado nº4 de Vinarós, las cuáles están también alargándose en sobremanera, y con las que la población local está muy decepcionada. El proceso ha sido bastante nefasto, con desacreditaciones a la lucha local, entre otras complicaciones, como el paso ya de 4 jueces por el puesto, y todo apunta a que el resultado se retrasará y que nos traerá (todavía más) impunidad.
Este juicio popular pretende realizarse en los términos que la población considere y decida, fuera de connivencias y servilismos, para acabar con la impunidad del poder corporativo y financiero, utilizando principios y criterios que no sean exclusivamente legales, y ampliando el ámbito de acusación, ya que el Castor afecta a las tierras del Sénia, y mucho más allá, como es la ciudadanía catalana, española y de otros países del Norte y del Sur.
Los objetivos son los siguientes:
1. Escuchar las voces de la ciudadanía involucrada e incluir la memoria histórica de los territorios, para evitar que el caso caiga en el olvido;
2. Hacer balance del camino recorrido, así como poner en valor, las acciones realizadas por las organizaciones como la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia durante todos estos años, y la Plataforma de Afectados y Afectadas por la Plataforma Castor en los últimos tiempos;
3. Ejercer control ciudadano; exigir responsabilidades y negligencias en el caso del proyecto Castor en las tierras del Sènia, así como el desmantelamiento de la Plataforma; y
4. Denunciar, en definitiva, la vulneración de derechos fundamentales, reclamando el ejercicio de soberanía popular, con consecuencias de alcance local, estatal y global.
En este sentido estamos contactando a las distintas organizaciones, para que formen parte de esta nueva fase, en la que seguimos reclamando el no pago de una deuda ilegítima, así como el desmantelamiento de las instalaciones. Como os podéis imaginar la participación puede ser desde el apoyo con las adhesiones , pasando por sumar fuerzas a nivel comunicativo y en las redes sociales, así como participar más activamente del grupo de trabajo que está preparando los documentos-pruebas, o en la confección de las preguntas y declaraciones a/de los testimonios, etc. También habrá un proceso clave posterior de incidencia política con la sentencia que salga como resultado del juicio.
Mònica Guiteras
monica.guiteras@odg.cat
@DysfunctSystem
Observatori del Deute en la Globalització
Girona 25, principal · Barcelona
www.odg.cat
La muerte a principios de año de una hembra de urogallo cantábrico en un parque eólico del norte de León está alimentando todas las dudas sobre la independencia de la Junta de Castilla y León.
Según sus técnicos, en esa zona no existe tan amenazada especie ni hay peligro por tanto de que los más de 100 aerogeneradores cuya instalación autorizó puedan afectar a sus maltrechas poblaciones.
Según los científicos expertos en el ave, la zona era una de las más importantes del mundo. Lo dicen en pasado, pues en muy poco tiempo se ha venido abajo por culpa, aventuran, de estas instalaciones.
La noticia de la muerte del urogallo se ha mantenido en secreto durante casi cinco meses, hasta que un periodista de iLeón ha logrado sacarla a la luz. En la Junta de Castilla y León niegan tal secretismo. Aseguran que la información no se ha divulgado porque nadie la había solicitado hasta entonces. Que el ave apareció muerta el pasado 27 de enero en un parque eólico de Folgoso de la Ribera pero no le dieron importancia a pesar de ser el urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) uno de los taxones más amenazados de extinción en Europa.
Si aparece un oso muerto, lo habitual es activar un complicado proceso de investigación que determine las causas de su muerte, por si pudiera ser un delito. Y rápidamente se da la noticia dado el interés mediático. La investigación oficial se ha hecho y la necropsia confirma la muerte de la urogallina por traumatismo. Todo apunta a una colisión contra el aerogenerador bajo el cual fue localizada, que de confirmarse sería la segunda muerte de un urogallo en Europa por culpa de un parque eólico, habiéndose registrado la primera en Suecia hace años. Toda esta información no se hizo pública.
Entre 230 y 260 osos pardos viven hoy en la cordillera Cantábrica, pero quedan menos de 150 machos de urogallo, cuando hace 30 años había casi 600.
“Los de la Junta silban y miran al cielo; se han hecho los idiotas”, critica sin tapujos uno de los que más saben sobre esta especie y que pide el anonimato por miedo a posibles represalias. En su opinión, “es obvia la ocultación de información respecto a una especie para la que se está gastando mucho dinero en su conservación y que se están cargando”. Un silencio que muchos relacionan directamente con la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, 21 investigados y presuntas comisiones de más de 80 millones de euros.
AMAS15m 