Sentencia del TC que permite la producción de energía solar compartida

Que todos los propietarios de un edificio de viviendas pudieran obtener de paneles fotovoltaicos parte de la electricidad que consumen en el interior de sus pisos estaba prohibido hasta hace muy poco en España. El polémico Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, de Regulación del Autoconsumo Eléctrico, contrario a las recomendaciones de la Comunidad Europea, dice: “En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores”. Esta restricción ha sido un muro de contención para la implantación de estas instalaciones y ha agudizado el insignificante interés que, hasta ahora, ha despertado la energía fotovoltaica entre los propietarios. En España solo se permitía el autoconsumo para elementos comunes — garaje, luz de las escaleras o ascensores—. También, que cada vecino tuviese su propia instalación individual en una zona común del edificio, como si fuera un chalé.

Pero el Tribunal Constitucional (TC) ha abierto una puerta que puede dar alas al autoconsumo eléctrico compartido en España, al derogar el artículo donde se prohíbe. La sentencia del 25 de mayo, en favor del recurso interpuesto por la Generalitat de Catalunya, “defiende la posibilidad de implantar instalaciones de autoconsumo en urbanizaciones y edificios de viviendas de las que se puedan beneficiar varios usuarios”, explica José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), para quien la prohibición era un “sinsentido”. La sentencia pone de relieve que estas instalaciones son un medio para implantar el edificio de consumo de energía casi nulo al que obliga la Unión Europea a partir de 2020.

 

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Muerte de un Urogallo y trama eólica en Castilla León

La muerte a principios de año de una hembra de urogallo cantábrico en un parque eólico del norte de León está alimentando todas las dudas sobre la independencia de la Junta de Castilla y León.

Según sus técnicos, en esa zona no existe tan amenazada especie ni hay peligro por tanto de que los más de 100 aerogeneradores cuya instalación autorizó puedan afectar a sus maltrechas poblaciones.

Según los científicos expertos en el ave, la zona era una de las más importantes del mundo. Lo dicen en pasado, pues en muy poco tiempo se ha venido abajo por culpa, aventuran, de estas instalaciones.

La noticia de la muerte del urogallo se ha mantenido en secreto durante casi cinco meses, hasta que un periodista de iLeón ha logrado sacarla a la luz. En la Junta de Castilla y León niegan tal secretismo. Aseguran que la información no se ha divulgado porque nadie la había solicitado hasta entonces. Que el ave apareció muerta el pasado 27 de enero en un parque eólico de Folgoso de la Ribera pero no le dieron importancia a pesar de ser el urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) uno de los taxones más amenazados de extinción en Europa.

Si aparece un oso muerto, lo habitual es activar un complicado proceso de investigación que determine las causas de su muerte, por si pudiera ser un delito. Y rápidamente se da la noticia dado el interés mediático. La investigación oficial se ha hecho y la necropsia confirma la muerte de la urogallina por traumatismo. Todo apunta a una colisión contra el aerogenerador bajo el cual fue localizada, que de confirmarse sería la segunda muerte de un urogallo en Europa por culpa de un parque eólico, habiéndose registrado la primera en Suecia hace años. Toda esta información no se hizo pública.

Entre 230 y 260 osos pardos viven hoy en la cordillera Cantábrica, pero quedan menos de 150 machos de urogallo, cuando hace 30 años había casi 600.

“Los de la Junta silban y miran al cielo; se han hecho los idiotas”, critica sin tapujos uno de los que más saben sobre esta especie y que pide el anonimato por miedo a posibles represalias. En su opinión, “es obvia la ocultación de información respecto a una especie para la que se está gastando mucho dinero en su conservación y que se están cargando”. Un silencio que muchos relacionan directamente con la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, 21 investigados y presuntas comisiones de más de 80 millones de euros.

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El Gobierno cambia de urgencia la normativa para facilitar una prórroga de las nucleares

El Gobierno está dispuesto a todo para facilitar a las centrales nucleares una prórroga de su vida útil. Incluso si es necesario cambiar la normativa, y hacerlo de manera urgente. Que las centrales sigan funcionando más allá de los 40 años (el periodo para el que fueron diseñadas) es un objetivo clave de las eléctricas y el PP, el único partido que defiende abiertamente esa posibilidad.

Así se deduce de la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que este martes ha dado luz verde, con el voto en contra de la consejera Cristina Narbona, a una petición del Gobierno para modificar por la vía de urgencia las órdenes ministeriales que regulan las renovaciones de autorización de explotación de las centrales españolas.

La actual normativa establece que una central nuclear debe solicitar la renovación de la licencia al menos tres años antes de que expire el permiso vigente. Ahora, el Gobierno quiere acortar esos plazos, tal y como Iberdrola, propietaria de varias centrales en España, solicitó al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en una carta a principios de mayo. La compañía eléctrica argumenta que necesita más tiempo para saber si será rentable mantener sus centrales abiertas.

España está obligada por Bruselas a diseñar un nuevo plan de Energía y Clima de cara a cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero adquiridos en el Acuerdo de París de 2015. Es decir, dicho plan deberá establecer cuál será la apuesta del Gobierno en materia energética y qué papel van a jugar las nucleares en el futuro energético del país. Por eso, empresas como Iberdrola dicen no saber si estará garantizada la viabilidad de las nucleares.

Pero el plan de Energía y Clima no se hará público hasta enero de 2018, como pronto; y algunas de las centrales, como la de Almaraz (Cáceres), tienen que decidir ya si van a pedir o no una renovación de su licencia. En concreto, el plazo para este reactor, operado por Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa, expira en una semana, el 8 de junio. De ahí la urgencia del proceso.

Con el cambio normativo que hoy ha aprobado el CSN, el Gobierno permite que las centrales puedan esperar hasta que se apruebe el plan de Energía para solicitar la nueva autorización. Podrán pedirlo hasta dos meses después, “o, en su caso, en la fecha en que el titular ha de presentar la Revisión Periódica de Seguridad de la central, en el supuesto de que el referido Plan no hubiera sido aprobado dos meses antes de dicha fecha”, según consta en el texto con la propuesta del Ministerio.

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El Supremo condena al Gobierno por el recorte de las renovables

Algo olía mal en los recortes de las primas por producir energías renovables que acometió la pasada legislatura el Ministerio de Industria de José Manuel Soria: al final, la reducción en un 40% de esas ayudas para producir electricidad a partir de excrementos de ganado, que abocó al cierre a todo el sector y que acentuó el grave problema ambiental de la gestión de los purines, le ha costado al Gobierno de Mariano Rajoy la primera condena a indemnizar a una empresa, en este caso una filial oscense de Iberdrola, por haber frustrado su negocio.

La sentencia, emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y que hoy adelanta Público, incluye tres pronunciamientos clave: anula el recorte de las primas a las plantas de renovables no eólicas ni solares (gasóleo, purín, lodo de aceite y gas natural, básicamente) y le da al Gobierno cuatro meses para establecer un nuevo sistema; anula el ambiguo punto del decreto de las renovables que permitía a la Administración dar de baja a empresas por “cualquier otro incumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos” y, por último, reconoce a EnergyWorks Fonz el derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que le causó esa normativa.

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