La Oficina del Defensor del Pueblo ha notificado a la Plataforma Ciudadana QAE la reactivación de su propuesta en relación con el Bono Social, presentada en noviembre de 2014. Más vale tarde que nunca.
QAE presentó una queja ante la Defensora del Pueblo por la cual denunciaba la ausencia de garantías por parte del Gobierno, a la hora de beneficiarse de la reducción del precio de la luz establecido en un 25%. La Ley del Sector Eléctrico 24/2013, de 26 diciembre, establece que el Bono Social será considerado como una obligación de servicio público conforme a lo regulado en la Directiva Europea 2009/72/CE, la cual establece en sus considerandos que los reguladores de la Energía deben estar facultados para contribuir al aseguramiento como servicio público obligatorio la garantía de la protección a los consumidores vulnerables.
Acompañando a esta queja, QAE desarrolló en un informe las circunstancias por las cuales en España solamente el 13% de los Pensionistas que perciben la renta mínima (y con derecho a la bonificación del 25%) están beneficiándose del Bono Social. Algo verdaderamente lamentable si tenemos en cuenta que se trata de un colectivo totalmente vulnerable, superior a los 2,5 millones de personas, que perciben menos de 600 euros mensuales.