En los últimos diez años (se adjunta documento) se han “tirado” diez millones de euros al mar, en unas actuaciones que, se sabe de antemano, no sirven para nada y sólo tapan temporalmente un problema para que con dinero público unos cuantos hagan su agosto. La obligación de los gestores públicos debe someter su actividad “a los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género” (Art.9 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas) Obviamente, tirar cientos de miles de euros año tras año en el mismo lugar para no obtener ningún resultado, ni es eficiente, ni económico, ni sostenible ambientalmente.
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