A mediados de octubre, Rajoy inauguraba sin pena ni gloria la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, orientada a que los corruptos no puedan disfrutar de lo que han robado y dichos activos económicos se destinen a fines sociales. Una política descafeinada, realizada en periodo electoral y a la que nadie ha prestado demasiada atención, cuando podría ser una palanca perfecta para fortalecer los tejidos sociales y financiar la puesta en marcha de proyectos de economía solidaria. ¿Cómo hacerlo? Un ejemplo inspirador es el de la lucha deLibera contra la mafia y la corrupción en Italia, que nos puede ayudar a reflexionar sobre su posible traducción a nuestro contexto sociopolítico.
La mafia es uno de los actores más influyentes en la historia reciente de Italia. Un poder sostenido en la violencia, el crimen organizado, la infiltración institucional y la corrupción política, la construcción de redes empresariales y un potente circuito económico, así como en la complicidad ocasional en la represión de la disidencia social. Ante este hecho existe un invisible hilo de movilización popular antimafia que recorre todo el siglo XX, que tendrá su impulso definitivo durante los años noventa, tras el asesinato de figuras emblemáticas por su compromiso como el diputado comunista Pio la Torre, audaces periodistas que desafiaban el código de silencio, empresarios locales que se negaban a pagar las mordidas o los valientes jueces del ‘pool’ antimafia Della Chiesa, Falcone, Borsellino…
....(En España) El primer paso es imaginar que el dinero y los activos procedentes de la corrupción sirven para financiar y posibilitar el desarrollo de proyectos que funcionen bajo la lógica de los bienes comunes