La figura del delito sin delincuente

Una gran aportación de Cantabria y España al derecho internacional: la figura del delito sin delincuente 

(a propósito del acuerdo del Senado sobre las indemnizaciones a los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria)
 
“El Juez o Tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para  responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe” 
 
   Este es el texto del acuerdo alcanzado el pasado 25 de Junio en el Senado por el que se establece, en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que las familias con viviendas afectadas por sentencias de demolición, puedan cobrar las indemnizaciones antes del derribo. Un acuerdo suscrito por el PP, el PSOE y AMA (Asociación de Maltratados por la Administración, propietarios de las viviendas afectadas) y que pretende poner fin a un conflicto que ha durado casi 20 años con 700 viviendas pendientes de ser derribadas y un coste, sumadas las pérdidas, las indemnizaciones y las obligadas restauraciones de sus impactos, de casi 300 millones de euros.
 
   Sin embargo, las felicitaciones mutuas entre sus protagonistas parecen olvidar el capítulo fundamental: elevar a la categoría histórica la figura del “delito sin delincuente”, una aportación inédita al Derecho Internacional que va a revolucionar los Códigos Penal y Civil, la Administración de Justicia y la Seguridad Jurídica que amparaban a los ciudadanos al consagrar la impunidad y la irresponsabilidad de los autores de tales fechorías –y aquí el juicioso lector desglosará  aquellas asociadas a la corrupción política desde la prevaricación a la malversación de fondos públicos, el pago de comisiones, los cohechos y sobornos, la especulación del suelo, los impactos ecológicos y contra la ordenación del territorio….– que han salido completamente ilesos de las operaciones urbanísticas a costa, eso sí, del dinero de los contribuyentes que serán, en última instancia, los que, de una forma u otra, hagan frente a las secuelas financieras del círculo tan virtuoso de esta banda invisible de delincuentes fantasmas.
    
   Y es que en el acuerdo alcanzado hay un segundo olvido tan fundamental como el primero: No requerir a las autoridades competentes, fiscalía y jueces, la investigación y esclarecimiento de las circunstancias concretas en las que se autorizó la construcción de viviendas manifiestamente ilegales –con el agravante, además, de ignorar las advertencias previas sobre los evidentes impactos ambientales y sobre el paisaje de los que, por cierto, se han escapado de la condena, por ahora y a pesar de los esfuerzos de organizaciones ecologistas como ARCA, al menos otras tantas urbanizaciones e infraestrucuras a lo largo de la costa de Cantabria– y la depuración precisa de las responsabilidades económicas y penales de las personas físicas y jurídicas –alcaldes, técnicos, promotores, Ayuntamientos, Comisiones de Urbanismo, Consejerías…– que incurrieron en semejante desastre y que se encuentran –aunque los tengamos delante de nuestras propias narices– en paradero desconocido, en algún limbo extraviado, y hasta, para que la tomadura de pelo sea completa, ocupando o gestionando las mismas instituciones desde las que se cometieron  todos estos atropellos legales. Y todo ello sin valorar el coste añadido de la restauración o corrección de “la realidad física alterada” que, también, tendrá que hacerse a costa de la Hacienda Pública ( es decir, nuevamente de nuestros bolsillos), lo mismo que, más allá de los inocentes y sufridos estafados, ocurre con el olvido de los oportunistas o algunos de los ”terceros de buena fe” que hayan podido aprovecharse de la situación.
 
   Lo que nos lleva, sin duda –aparte de la cara de tontos útiles que pueda quedársenos por votar a quienes, salvo los Tribunales,  les tenemos perfectamente identificados–, a vincular la impunidad que se desprende de esta comedia burocrático-parlamentaria con las debilidades de un sistema democrático contaminado por la arbitrariedad, el clientelismo y la inseguridad jurídica –y ahí tenemos, en cambio, la Ley Mordaza, para dejar bien claro que es lo que se puede esperar de estos gobiernos cómplices con las situaciones descritas– de unos poderes legislativo, ejecutivo y judicial, incapaces de lograr un mínimo equilibrio y control mutuo, y mucho menos de establecer mecanismos de seguimiento y vigilancia que actuasen de contrapeso frente a las tentaciones del abuso de poder de quienes lo detentan, pervierten y degradan.
   
   Sólo hay que ver o escuchar con cierto detenimiento –que es la única manera de superar la vida contemplativa de quienes sólo miran u oyen con la mecánica de sus sentidos o con la amnesia permanente sobre lo ocurrido– para constatar que las instituciones  garantes de la transparencia, los derechos y las libertades en todos los ámbitos de las Administraciones Públicas han ido siendo devaluadas en sus funciones al no respetarse su independencia, recortadas o anuladas sus competencias, manipulada la composición o contratación de sus miembros mediante el nepotismo, la cooptación o el fraude, o convertidos en cementerios de elefantes, puertas giratorias o coartadas de tantas y tantas mentiras y falsedades de decorados postizos y  prácticas pseudolegales desde los secretarios, interventores o tesoreros municipales hasta los letrados o gabinetes jurídicos de las más altas instituciones del Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, pasando por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –el paraíso de los cártels y los oligopolios–, el Tribunal de Cuentas –un refugio de analfabetos presupuestarios–, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Mercado Alternativo Bursátil –expertos en la ceguera de  fondos buitre, activos tóxicos, preferentes, contabilidades creativas y otros artificios financieros–, el SAREB  o el FROB –inventos oficiales para ocultar las responsabilidades de los ejecutivos implicados y, encima, pretender  que sigamos creyendo en los bancos como hadas madrinas–, RTVE, AENA, RENFE, SEITTSA y demás sopas de siglas al servicio de la intoxicación informativa, de los intereses más espurios, del saqueo del patrimonio público, o de pantallas de la subordinación del poder político a las grandes empresas.
 
Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción-Cantabria:  DNI 13883918. Apartado 37. 39500-Cabezón de la Sal (Cantabria). Tlf. 942-701029.
Móvil 699-116741. E-mail: cantarida@nodo50.org
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